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AECID | Oficina Técnica de Cooperación
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Viernes, 20 Septiembre 2019
Martes, 20 Agosto 2019
La AECID y el Ministerio Público presentan el protocolo para la investigación del feminicidio en Puno

 


Puno, 19 de agosto de 2019.- En el primer semestre de este año se han registrado 150 denuncias por violencia contra la mujer en Puno, según la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Sin embargo, esta cifra es solo una muestra de la gravedad del problema que afronta esta región, puesto que solo tres de cada diez víctimas confiesan la agresión.

En este contexto, la AECID viene apoyando el proyecto del Ministerio Público para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en su gestión contra los delitos de violencia basada en género y feminicidio, a través de la implementación de un protocolo para la investigación de este último. Dicho proyecto ha sido presentado recientemente en Puno.

El objetivo de la iniciativa es sensibilizar y capacitar a los y las representantes y personal forense del Ministerio Público para eliminar la impunidad de estos actos en las sedes de los distritos fiscales de los departamentos y provincias donde se está implementando: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali.

Además, en el marco de esta iniciativa se realizarán dos ediciones del Diplomado de Género para 200 fiscales penales, mixtos y forenses, de una duración de cuatro meses cada uno. También se gestionará el diagnóstico de estereotipos de género entre estos funcionarios y la conformación de una mesa de trabajo de entidades de justicia para mejorar la atención y gestión de los distintos operadores que la administran.

La promoción de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia basada en género son prioridades de la AECID, que viene colaborando con el país en esta materia de forma estructurada desde 2006 a través de diferentes programas de cooperación. Estas iniciativas han prestado apoyo a demandas específicas del ejecutivo, el sistema judicial, la sociedad civil y el sector privado.